¿Qué es un traductor jurado? ¿Por qué es importante? Dudas y preguntas frecuentes
Si alguna vez hemos necesitado presentar en España documentos de países con lenguas diferentes a la nuestra para trámites como contraer matrimonio con una persona española siendo de otro país (para lo que suele ser necesario un certificado literal de nacimiento, un certificado de soltería, etc.), buscar trabajo (lo cual suele requerir traducir títulos o expedientes académicos), solicitar un visado (para lo que se puede pedir un certificado de antecedentes penales, un contrato de trabajo, etc.), entre otros, seguramente habremos comprobado que se necesita una traducción jurada. Se trata de un tipo de traducción que suelen requerir las administraciones públicas (como el Registro Civil, el Registro Mercantil, universidades, la policía, el Ministerio de Interior, etc.) y que acredita la fidelidad a la lengua original de lo expuesto en la lengua de destino.
Sin embargo, no cualquier traductor puede jurar un documento: en España solo pueden hacerlo los que están acreditados por el Ministerio de Exteriores. Y ¿qué es un traductor jurado? ¿Qué debe acreditar para poder llevar a cabo este tipo de traducciones concretas? ¿Debe tener un título universitario en Traducción o puede desarrollar esta tarea alguien con otros estudios relacionados con los idiomas, como Filología? ¿Un traductor jurado en España puede traducir documentos para que surtan efecto en otros países con otras lenguas? Lo explicamos en este post.
El origen histórico de la tarea del traductor jurado
Como podremos imaginar, la tarea del traductor es tan antigua como las relaciones humanas entre diferentes comunidades, es incluso anterior a que las personas empezáramos a comerciar. De hecho, al principio se trataba más de intérpretes, ya que se dedicaban a la interpretación oral y la traducción en tiempo real de lo que decían personas que necesitaban entenderse entre sí, mientras que los traductores empezaron a ser importantes en la antigua Mesopotamia y el antiguo Egipto. Su labor permitió traducir textos religiosos y literarios, establecer relaciones diplomáticas y comerciales, difundir conocimiento y cultura en tierras que hablaban otras lenguas, etc.
La figura del traductor jurado cobró sentido en la Edad Media, al surgir sistemas legales y administrativos más complejos que hasta entonces e intensificarse las relaciones comerciales y diplomáticas entre países. De ahí surgió la necesidad de traducir documentos legales y oficiales para facilitar la comunicación y garantizar la validez legal de los documentos en diferentes idiomas. En el siglo XIX Francia creó la figura del «traductor-intérprete jurado» (traducteur-interprète assermenté) y Alemania también estableció sistemas de certificación para traductores jurados en este período.
En el caso de España, no está claro en qué momento se crea la figura del traductor jurado (o intérprete jurado, entonces), aunque en el siglo XVII ya existían leyes que establecían las directrices para las traducciones y se fueron promulgando más normas para diferentes ámbitos que acotaban esta tarea, como los aranceles de aduanas. Actualmente la ley que introduce el carné de traductor-intérprete jurado, las disposiciones acerca del sello (que han ido cambiando a lo largo de las décadas y los siglos) y la estandarización de la certificación para las traducciones es una evolución de la legislación anterior, como el reglamento de la carrera de intérpretes de 1870.
¿Cuál es el sentido de una traducción jurada?
Solicitar una traducción jurada tiene sentido en situaciones en las que se requiere una traducción reconocida oficialmente y garantizada de un documento legal o oficial, porque tiene exactamente la misma validez que el documento original. Así, pues, por ejemplo, si presentamos ante un tribunal, una institución gubernamental u otros organismos oficiales la traducción jurada de nuestro expediente académico expedido en Reino Unido, es como entregar el documento original en inglés. Esto no ocurriría con una traducción sin sellar, ya que podría haberla hecho cualquiera, sin la fidelidad requerida. Además de que el documento es válido legalmente, como decimos, debe reflejar de forma fiel y precisa lo que dice el texto de origen.
Un traductor jurado, por lo tanto, es la persona autorizada por un organismo oficial del país donde tiene que surtir efecto el documento original en otro idioma para llevar a cabo una traducción que tenga validez legal. Tiene que ser competente tanto en el idioma de origen como en el idioma de destino y tener un profundo conocimiento de los sistemas legales y jurídicos de ambos idiomas.
La principal responsabilidad de un traductor jurado es garantizar la precisión y la integridad de la traducción. Este profesional se especializa en la traducción de documentos legales, como contratos, escrituras, sentencias judiciales, actas notariales, certificados de nacimiento, matrimonio o defunción, entre otros. Para certificar el documento no basta con que lo firme, sino que tiene que sellarlo: solo así se acredita la autenticidad de la traducción. Además, el documento traducido debe ir acompañado siempre del original para que el organismo de destino pueda compararlo.
En España, los traductores jurados deben pasar un examen que ofrece periódicamente el Ministerio de Exteriores, o reconocer sus cualificaciones profesionales análogas obtenidas en otro estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo. Uno de los requisitos es ser ciudadano de alguno de los países miembros y además (como puede verse en el Real Decreto que lo regula):
- Ser mayores de edad.
- Poseer un título español de arquitecto, ingeniero, licenciado, arquitecto técnico, ingeniero técnico, diplomado o graduado (es decir, no tienen que estar titulados en Traducción e Interpretación o similar) o un título extranjero equivalente.
¿En qué situaciones suele ser necesario un traductor jurado?
En casi cualquier situación en la que se requiera hacer un trámite ante la administración pública que requiera documentación expedida en una lengua diferente a la oficial de ese país suele ser necesario un traductor jurado. Algunos ejemplos son:
- Cursar estudios superiores, como un máster o un doctorado: suele requerir, entre otros documentos para entrar en el país donde se estudiará, la traducción del título y/o expediente académico del país de origen hecha por un traductor jurado.
- Trabajar: puede ser necesaria la traducción jurada del certificado de antecedentes penales que suele expedir la policía o el ministerio del interior del país de origen para acreditar que la persona no ha sido condenada en ninguna ocasión, así como la traducción del pasaporte, del carné de conducir, etc.
- Contraer matrimonio: casarse con una persona de otro país suele significar pedir al país de origen documentación como el certificado de soltería, el certificado de nacimiento, etc., que deberán ser traducidos por un traductor jurado.
- Adopción internacional: cuando se adopta un hijo de otro país se necesita documentación para tramitar cuestiones como su inscripción en el registro, su alta en el sistema sanitario y educativo, etc., como el certificado de nacimiento, los informes médicos del país de origen, sentencias judiciales, etc.
- Compraventa de un inmueble: cuando una persona extranjera compra un inmueble en otro país, suelen ser necesarias traducciones juradas del contrato de compraventa, de las escrituras de propiedad, etc., antes de la firma, para asegurar que el comprador y el vendedor comprenden a la perfección los términos en los que realizan la transacción.
- Creación de una empresa: si los socios de una empresa tienen su origen en países distintos y no hablan la misma lengua, es probable que se requiera una traducción jurada de los estatutos sociales, escrituras de constitución, poderes notariales, etc., para que todos los socios comprendan plenamente cada paso que dan.
La figura del traductor jurado en otros países
La figura del traductor jurado puede variar según los países. Como hemos apuntado, Francia y Alemania, además de Italia y Austria, por ejemplo, cuentan con figuras parecidas a la que tenemos en España. Sin embargo, países anglosajones, como Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, no cuentan con traductores certificados como tales, sino que las personas encargadas de traducir un documento deben acreditar su trabajo de distintas maneras.
Por ejemplo, en Estados Unidos, donde el procedimiento puede cambiar según el estado, cualquier profesional de la traducción puede traducir un documento al inglés y firmar una declaración adjunta que acredite que la traducción es completa y esmerada, e incluso puede certificar las traducciones de terceros. Tal como describe la American Translators Association, en la traducción deben constar: una declaración de las cualificaciones del traductor, una declaración que afirme la integridad y la exactitud del documento, la identificación del documento traducido y del idioma, y el nombre del traductor, su firma y la fecha. En ocasiones, un notario público puede acreditar la identidad de la persona que firma la declaración de la certificación si es necesario, lo que se llama notarized translation.
En Canadá se pide que el traductor esté inscrito en alguno de los organismos de su territorio o provincia, como la Orden de Traductores, Terminólogos e Intérpretes Acreditados de Quebec (OTTIAQ), la Asociación de Traductores e Intérpretes de Ontario (ATIO) o Sociedad de Traductores e Intérpretes de la Columbia Británica (STIBC).
En Reino Unido los traductores deben estar acreditados, por ejemplo, en el Instituto de Traducción e Interpretación (ITI), cuyo sello usan para certificar traducciones.
La traducción jurada en España para otros países
Una de las dudas más habituales que surgen al preguntarnos qué es un traductor jurado es: si es un traductor jurado en España, ¿sus documentos son válidos en otros países? Y es una pregunta de respuesta compleja, porque cada caso puede ser un mundo. Las traducciones de los traductores acreditados por el Ministerio de Exteriores suelen ser válidas en países que tienen convenios con España, como el Convenio de La Haya, pero en ocasiones puede llegar a ser necesaria la legalización del documento, es decir, que el documento pase por un proceso de certificación en una oficina consular del país donde debe surgir efecto el documento. Por ejemplo, un documento traducido al francés por un traductor jurado en España que esté acreditado para traducir en las dos direcciones, francés-castellano y castellano-francés, puede ser aceptado en un organismo público francés, especialmente si va apostillado (en este post hablamos sobre la apostilla de La Haya). Sin embargo, puede haber otros países, incluso de la UE, que requieran otro tipo de legalización para acreditar la autenticidad y la integridad del documento.
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